> Ekainaren artikulua: SENADORES Y OBISPOS

• JAVIER PRADERA
• El País, 2005-06-26, Domingo gehigarria, 12 or.

El Senado devolvió el pasado miércoles al Congreso —a impulso del PP y con la ayuda de CiU y del Par— el proyecto de ley de modificación del Código Civil para abrir a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. La Cámara baja, que ya había aprobado el texto en primera vuelta, ratificará probablemente su decisión favorable el próximo 30 de junio, dando así vía libre a la promulgación de la norma. Un dictamen previo —preceptivo, pero no vinculante— del Consejo de Estado validó la constitucionalidad del anteproyecto y recomendó —por razones de técnica legislativa— la creación de una figura equivalente al matrimonio tradicional que llevase otro nombre; esa unión civil homosexual —reconocida en muchos países— estaría plenamente homologada en sus derechos con el matrimonio heterosexual como especies de un mismo género. Pero el Gobierno mantuvo su decisión de emplear idéntica denominación —como en Bélgica, Holanda y Canadá— para las uniones civiles homo y heterosexuales a causa del valor simbólico y de las garantías jurídicas que el uso del mismo término ofrecería a las parejas formadas por personas del mismo género.

El PP defiende ahora las uniones estables entre homosexuales, pero sin derecho a la adopción ni tampoco al nombre de matrimonio; sin embargo, el Gobierno de Aznar no aceptó durante su mandato la regulación por las Cortes Generales de la figura menos ambiciosa de las parejas de hecho, legalizadas por seis comunidades para sus territorios. La jerarquía eclesiástica sigue considerando que el matrimonio es un sacramento; no sólo rechaza cualquier variante de unión homosexual, sino que niega también efectos vinculantes al matrimonio civil: tal fue su dictamen en
el caso de la actual princesa de Asturias.

Esos debates jurídicos se han cruzado con polémicas que hunden sus raíces en el subsuelo de las creencias y las pasiones. El PP y la Conferencia Episcopal prestaron su decidido apoyo a la manifestación contra la reforma del Código Civil organizada por el Foro Social de la Familia el 18 de junio. La presencia de una veintena de obispos (con el cardenal Rouco a la cabeza) y de numerosos líderes del PP (como Acebes, Zaplana y Mayor Oreja) dio lustre y vistosidad a la marcha. Pero aunque los manifestantes y sus patrocinadores episcopales, políticos y mediáticos se mostrasen unánimes a la hora de rechazar el proyecto de ley, los argumentos empleados por unos y otros no fueron sólo diferentes y hasta contradictorios, sino que además rezumaron hipocresía. Porque tras el neutro, pacífico y abarcador lema “La familia sí existe” (una evidencia universal de la que nadie discrepa) se agazapaban los propósitos agresivos, intolerantes y discriminatorios propios de las movilizaciones antigay.

La homofobia —esa aversión a los homosexuales que suele proyectar inconscientemente sobre los demás el rechazo del inquisidor a sus propias pulsiones— no fue el único móvil oculto de la marcha del 18 de junio. Los portavoces de la jerarquía eclesiástica añadieron también algunas gotas de humor negro al cóctel de justificaciones ofrecidas por los manifestantes. El pintoresco portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, afirmó que la Iglesia católica no había conocido un agravio semejante en sus 2.000 años de existencia. El arzobispo de Toledo deleitó a la opinión pública con su temor a que la orgiástica fiesta organizada por el Gobierno de Zapatero no haya hecho sino comenzar: Antonio Cañizares está seguro de que el matrimonio entre personas del mismo sexo llevará irremisiblemente a legalizar el incesto entre padres e hijos —sin distinción de género— y la poligamia.

La comparecencia en el Senado de un experto convocado por el PP —Aquilino Polaino considera la homosexualidad como una patología— obligó a la plana mayor de los populares a salir en tropel para desautorizar una intervención que su portavoz en la Comisión, sin embargo, había considerado “magnífica”. Nada mejor que ese episodio para escenificar el drama del PP, casa común del autoritarismo cavernario, la derecha ilustrada y el centro moderado procedente de UCD.